La vida es nuestro bien más preciado y la vivienda nuestra mayor inversión. Hacer negocio con la necesidad de las personas mayores es un obsceno juego que no debería estar permitido. La administración debería poder garantizar una mínima calidad de vida para todos los ciudadanos, especialmente la de aquellos que trabajaron durante toda su vida y contribuyeron con su esfuerzo a conformar el estado de bienestar.